Desde la década de los ochenta, diversos países suramericanos promulgaron nuevas constituciones o reformas constitucionales. La mayoría de esas nuevas cartas magnas trajeron una innovación sin precedentes al admitir explícitamente la presencia de pueblos indígenas en los respectivos territorios nacionales.
Al declararse, implícita o explícitamente como naciones pluriétnicas, no solo legitimaban sus diferencias internas, sino que garantizaban derechos territoriales y culturales a sus minorías.
Nos preocupa saber hasta qué punto aquellas medidas legales, aparentemente esclarecidas, han contribuido, en efecto, para la defensa de los derechos indígenas y para la caracterización realista y justa de esos países como efectivamente pluriétnicos.